El 7 de agosto, La Gaceta publicaba un real decreto por el que el gobierno de Alfonso XIII se creía en el "deber de ordenar la más estricta neutralidad a los súbditos españoles con arreglo a las leyes vigentes y a los principios del Derecho Público Internacional". En realidad, la decisión ya había sido tomada por el gobierno del conservador Eduardo Dato en cuanto se tuvo conocimiento del inicio de las hostilidades.
Los países beligerantes tenían un especial interés de que España no participara en la contienda. El país más interesado era Alemania, que no quería tener que combatir en una segunda línea de defensa en los Pirineos. Al mismo tiempo, los países europeos implicados en la guerra esperaban tener los favores comerciales de España, que no tenía recuerdos especialmente gratos debido al aislacionismo que había sufrido tras la derrota de 1898.
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